La Libertad Avanza se encuentra en una posición complicada en relación con la promesa de un proyecto “superador” y lo que establece “la ley de leyes” presentada por el Gobierno, que parece contradictoria. Durante la reunión informativa de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, se contó con la participación de aproximadamente veinte oradores que alertaron sobre la desregulación de aranceles para prestadores que se contempla en el Presupuesto 2027.
En el marco del debate sobre la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la oposición en la Cámara de Diputados manifestó su preocupación por lo que se incluye en el Presupuesto 2027—the document submitted just hours ago—lo cual incluye la desregulación del nomenclador de prestaciones básicas, así como la reintroducción del modelo de pensiones por invalidez laboral y la derogación de varios artículos de la ley 27.793.
A lo largo de la reunión, las críticas tanto de la oposición como de los invitados presentes fueron contundentes. Mientras el oficialismo se mostraba confiado en presentar un proyecto “superador” que garantizara asistencia continua a este sector vulnerable, el proyecto de Presupuesto 2027 propone modificaciones que parecen contradecir dicha promesa.
Juan Marino, diputado de Unión por la Patria y autor de la iniciativa para prorrogar la emergencia por un año, señaló que el capítulo VI del Presupuesto «cambia el contexto de esta discusión» al proponer «destruir la Ley de Emergencia en Discapacidad» y, en conjunto, desmantelar el sistema de derechos para personas con discapacidad.
Marino acentuó que el proyecto de Presupuesto 2027 deroga numerosos artículos de la ley, incluyendo el estudio de costos para la movilidad, lo cual afecta particularmente a los prestadores, al argumentar que hoy el arancel se sitúa en 900 pesos por kilómetro, teniendo en cuenta que un estudio relevante sugiere un costo de 1,600 pesos—un aumento del 80%.
En este contexto, Marino abogó por la retirada del capítulo VI del Presupuesto y por avanzar hacia un dictamen para prorrogar la emergencia. Desde La Libertad Avanza, Silvana Giudici respondió a las críticas, enfatizando que los funcionarios del área han explicado adecuadamente los aspectos de la ley que se han cumplido, desde la ejecución presupuestaria hasta la reglamentación del COFEDIS (Consejo Federal de Discapacidad), la cual, según ella, favorece a las personas con discapacidad.
Giudici indicó que existe un cronograma en marcha para el pago de compensaciones y la efectiva prestación de pensiones, reafirmando que su bloque está comprometido en lograr un dictamen que elimine el estigma de la emergencia y establezca beneficios permanentes. Llamó a trabajar en un dictamen unificado, pero las tensiones continúan, generando inquietud incluso entre los legisladores del oficialismo.
A medida que avanzaba la reunión, Eduardo Valdés subrayó que «se está destruyendo fundamentalmente el nomenclador, que es clave para asegurar los derechos de las personas con discapacidad». Mientras tanto, Oscar Herrera Ahuad, jefe del bloque Argentina Federal, advirtió que las propuestas en el Presupuesto comprometen los derechos de las personas con discapacidad y solicitó un dictamen unificado para sostener la emergencia.
Otros oradores, como Laura Rodríguez Machado y representantes de distintas organizaciones, también manifestaron su preocupación sobre la desregulación y la necesidad de establecer un marco normativo que proteja permanentemente los derechos de las personas con discapacidad, en lugar de depender de una emergencia que se renueva año tras año.
Isabel Dora Soria, directora General de Discapacidad de Salta, hizo un llamado a garantizar derechos y fortalecer el sistema de discapacidad, mientras que otros representantes abogaron por una pronta solución a las carencias existentes. Gilda Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad, argumentó que la desregulación violaría el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pidiendo políticas serias en lugar de desreglamentos. Fuente: Parlamentario
