El Tribunal Supremo ha decidido levantar la suspensión de la derogación establecida por el DNU 70/2023, sin embargo, se ha abstenido de pronunciarse sobre el fondo del asunto, preservando así la intervención del Poder Legislativo. Curiosamente, hace menos de dos meses el Gobierno no logró obtener los votos necesarios para modificar la ley en el Senado.
En el contexto político actual, Javier Milei intentó derogar la ley de Tierras mediante un decreto, pero la Justicia detuvo esta medida, lo que llevó al Gobierno a trasladar la discusión al Congreso, donde también enfrentó dificultades para avanzar. Ahora, un fallo del Tribunal Supremo reconfigura el panorama, reabriendo un debate que aún no llega a su fin y que regresa al ámbito político.
El máximo tribunal ha revocado la decisión de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley 26.737. Esta decisión elimina, en términos prácticos, el obstáculo judicial que mantenía vigente el régimen que limita la propiedad extranjera de tierras rurales.
No obstante, es importante aclarar que la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida de Milei. Su rechazo se basó en que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no tenía legitimación para promover la acción. Así, el fallo levanta la suspensión, pero no establece una resolución definitiva.
Según indican fuentes judiciales, el alcance de la sentencia es bastante limitado. No declara constitucional el artículo 154 ni valida la derogación de la Ley de Tierras, dejando en suspenso los actos jurídicos realizados desde la entrada en vigencia del decreto. Además, el tribunal subrayó la importancia de la intervención del Poder Legislativo, de acuerdo con el artículo 99, inciso 3, de la Constitución, lo que implica que el Congreso debe debate la cuestión.
Este tipo de discusión ya había ocurrido en el Senado. El Gobierno había intentado modificar el régimen de tierras a través del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por Federico Sturzenegger, pero enfrentó fuertes resistencias, incluso entre aliados tradicionales de La Libertad Avanza. Debido a la falta de consenso, el oficialismo se vio obligado a realizar concesiones, manteniendo las restricciones y aumentando el límite de titularidad extranjera de un 15% a un 25%. Sin embargo, esto no fue suficiente para obtener los votos necesarios.
El proyecto pasó por más de 16 modificaciones, y el oficialismo intentó cuatro veces presentarlo en el recinto sin éxito. Finalmente, el 6 de agosto, Patricia Bullrich tuvo que renunciar al tema de la Ley de Tierras para poder aprobar el resto del proyecto. El Senado aprobó el proyecto con 37 votos a favor y 33 en contra, sin realizar cambios en el régimen de tierras rurales.
Esto supuso una derrota política para el Gobierno, evidenciando los límites de su mayoría ante la confrontación de intereses nacionales y provinciales, especialmente en provincias patagónicas como Neuquén y Santa Cruz, donde la propiedad de la tierra es un tema sensible.
El decreto se presentó como una medida más radical que lo presentado en el Congreso. Ahora, la Corte ha otorgado al Gobierno más de lo que estaba dispuesto a aceptar durante las negociaciones parlamentarias. En el Senado se habían discutido límites más suaves, pero el artículo 154 del DNU 70 derogó totalmente la Ley 26.737, lo que sugiere que el fallo no será el último episodio de esta historia.
La Corte se limitó a tratar una cuestión procesal, sin declarar que el Presidente tiene facultades para derogar esta ley a través de un DNU, ni definir que las restricciones a la compra de tierras por extranjeros son inconstitucionales. Simplemente consideró que quienes iniciaron la demanda no estaban habilitados.
A pesar de ello, las consecuencias son claras: se retira la sentencia que impedía aplicar el artículo 154 y se elimina el límite establecido por la ley de 2011.
La respuesta en el Parlamento fue rápida. Legisladores de diferentes bloques opositores cuestionaron la decisión y comenzaron a explorar la posibilidad de rechazar el DNU 70 en Diputados. Aunque el Senado ya había rechazado este megadecreto en 2024, la Cámara Baja aún no ha manifestado su posición. Por lo tanto, el debate regresa a un ámbito que no había abandonado completamente.
La discusión no solo gira en torno a la ley de Tierras, sino también a temas como la extranjerización, inversiones, propiedad privada y soberanía. Además, pone de relieve un punto más amplio sobre los límites de la acción ejecutiva cuando no se cuentan con las mayorías necesarias en el Congreso.
La reciente historia política muestra que el Gobierno intentó modificar la ley por vía legislativa sin éxito. Tras las negociaciones y retirada del capítulo relacionado con la Ley de Tierras para salvar el resto del proyecto, una decisión de la Corte ha permitido recuperar por otra vía una derogación completa que se hizo al comienzo de su administración. Sin embargo, la Corte ha evitado cerrar el tema, levantando el obstáculo judicial y recordando la competencia del Poder Legislativo, por lo que la discusión regresa al Congreso nuevamente.
